Madrid, 30 de mayo de 2008 Distintos medios de comunicación, siguiendo una campaña claramente orquestada desde el poder, han condenado a los propietarios de viviendas en alquiler que se niegan a aceptar inquilinos inmigrantes. El Frente Nacional, defendiendo, como siempre, la libertad de los españoles, condena esta campaña y defiende el derecho del arrendador a elegir al arrendatario. España está repleta de “pisos patera”, es decir, viviendas alquiladas a una pareja de inmigrantes en la que, en cuestión de días, se acaban instalando varias familias enteras de extranjeros. Proliferan los casos de las llamadas “camas calientes”, que comparten en turnos diferentes sujetos de distintas nacionalidades. Ruidos a todas horas, peleas, gritos, molestias permanentes, ajetreo constante en ascensores, portales, escaleras… Esto, y no otra cosa, suele ser la consecuencia de alquilar pisos a los inmigrantes. No es una cuestión de egoísmo, es todo lo contrario. Los españoles vecinos de esa vivienda, serán los primeros que aplaudirán encantados al arrendador que no les condena a sufrir tales torturas ni les somete al riesgo de la pérdida de valor de sus casas. Salvo que estemos convencidos de que cualquier español compraría encantado una casa rodeada de pisos patera. Si a nuestros políticos, tan alejados de la realidad, esto les causa escándalo y les indigna, desde el Frente Nacional les animamos a que acojan en los lujosos chalés de sus urbanizaciones elitistas a los inmigrantes que no encuentren piso de alquiler. Se predica con el ejemplo. http://www.frentenacional.es/
-Que esta medida consolida la situación de apartheid jurídico que vivimos en el Estado español. Una situación que si bien afecta en primera persona a las y los que son de origen extranjero, nos afecta a todos y todas, ya que es la muestra explícita de los problemas de salud de nuestra democracia.
-Que aumenta la discrecionalidad de la aplicación de la ley para las personas inmigradas, ya que no queda claro en qué situaciones se podrá cumplir la pena en el país o ser expulsados.
-Que se vulnera un principio penal fundamental, que es que nadie puede ser castigado dos veces por los mismos hechos. Y en este caso a la discrecionalidad de aplicación de la ley, hay que sumarle que aquellos que sean expulsados no podrán volver a entrar en el país durante el tiempo que se dictamine.
-Que medidas como éstas alimentan el racismo social y el rechazo a la población extranjera, poniendo en peligro la convivencia en nuestros barrios y ciudades.
-Recuperar el principio de que todas y todos somos iguales ante la ley y restablecer el estado de derecho. Independientemente del origen es importante que el Estado reconozca a sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos. No hacerlo es el primer paso para alimentar la xenofobia y el racismo social, en otras palabras, para generar fractura social.
-Responsabilidad política. Especialmente en tiempos de crisis, no vale utilizar a la población inmigrante otra vez como chivo expiatorio y vender la idea de que a base de expulsiones haremos frente a todos los problemas de nuestra sociedad. Es una muestra de la falta de valentía política existente. En vez de ir a la raíz de los problemas y ofrecer soluciones para el conjunto de de la ciudadanía, se opta por crear cortinas de humo.